Virginia dejará de aplicar la normativa más estricta sobre vehículos eléctricos
De hecho, saldrá completamente del mandato de California sobre vehículos eléctricos a finales de año. La razón: Nadie debería ordenar qué tipo de coches pueden conducir los residentes de Virginia, especialmente no "líderes no elegidos a casi 3.000 millas de distancia de la Commonwealth", como explica el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin.
Los "líderes no electos" a los que se refiere el político republicano son los miembros de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB). Esta última adoptó en 2021 la normativa Advanced Clean Cars I de California, que también fue adoptada por otros estados de EE UU, como Virginia y Washington. En 2022, el CARBB adoptó el Advanced Clean Cars II, que impone normas mucho más estrictas y entra en vigor en enero de 2025.
Y como hay un cambio de política, Virginia ya no está obligada a seguirla. "Por lo tanto, la Commonwealth seguirá las normas federales sobre emisiones el 1 de enero de 2025", escribe la oficina del gobernador de Virginia en su comunicado. Según el ACC II, a partir del año modelo 2026, el 35% de todos los coches nuevos vendidos tendrían que ser eléctricos. A partir de 2035, todos los coches nuevos tendrían que funcionar con electricidad en lugar de gasolina o gasóleo.
"Hoy he emitido un dictamen oficial del Fiscal General que confirma que los virginianos ya no están legalmente obligados a seguir las normas de emisiones de California", declaró el Fiscal General Jason Miyares. "Los mandatos sobre vehículos eléctricos como los de California son inviables y están fuera de la realidad, y afortunadamente la ley no nos obliga a cumplir sus normativas".
Por supuesto, hay que tener en cuenta que EEUU se encuentra en vísperas de unas elecciones presidenciales. Y los republicanos estadounidenses son tradicionalmente partidarios de reforzar el poder estatal (en lugar del federal) y el de los consumidores. Además, dado que las ventas de vehículos eléctricos sólo representan alrededor del 9% de las ventas de automóviles en el estado, unas sanciones acordes con el ACC II perjudicarían a los fabricantes.
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