Los Estados de la UE quieren debilitar los objetivos de CO2 para los autobuses urbanos
El Consejo Europeo, el órgano de los Estados miembros de la UE, definió su posición sobre las nuevas normas de CO2 para camiones y autobuses, a partir de la cual tendrán lugar las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma final de la legislación. Las ideas difieren en algunos aspectos del borrador original de la Comisión de la UE.
La Comisión Europea publica sus propuestas de nuevas normas de CO2 para camiones y autobuses en febrero de 2023. Según el documento, los fabricantes de vehículos industriales pesados deben reducir las emisiones de su flota en un 90% para 2040 y los fabricantes de autobuses urbanos en un 100% para 2030. La Comisión no considera eficaces los e-combustibles.
La Comisión Europea no prevé nuevos objetivos provisionales para los autobuses urbanos. Para los camiones y autocares, define tres periodos de tiempo en su propuesta: a partir de 2030, las emisiones de CO2 de la flota se reducirán en un 45%, a partir de 2035 en un 65% y a partir de 2040 en el mencionado 90%. Las emisiones de la flota en 2019 -año del que proceden las normas actualmente vigentes- sirven de referencia. El nuevo borrador pretende sustituir precisamente estos requisitos actuales de la UE, según los cuales los fabricantes deben garantizar una reducción de las emisiones de CO2 del 15% para 2025 y del 30% para 2030 (también en comparación con 2019). Sin embargo, en sentido estricto, se trata más bien de un añadido, ya que la Comisión de la UE no ve la necesidad de actuar hasta 2029. Los objetivos de 2019 seguirán vigentes hasta entonces. Así pues, ambos conjuntos de reglamentos se solaparán sólo durante un año.
Frente a estas propuestas, el Consejo Europeo quiere aplazar el objetivo de cero emisiones para los autobuses urbanos de 2030 a 2035 y fijar un objetivo provisional de reducción de emisiones del 85% para 2030. Los autobuses interurbanos quedarán exentos de este objetivo. Sin embargo, los estados apoyan la hoja de ruta de la Comisión para camiones y autocares en su forma propuesta. Lo mismo ocurre con las exenciones para vehículos especiales. Esto afecta, por ejemplo, a los fabricantes de series cortas, así como a determinados vehículos industriales (minería, silvicultura, agricultura, militares, construcción de vías), vehículos comerciales (como los de recogida de basuras) y vehículos de emergencia.
Además, los estados abogan por adelantar la revisión de la nueva normativa de 2028 a 2027 para evaluar la eficacia y el impacto de la normativa un año antes. Se evaluarán los avances en el desarrollo de la infraestructura de recarga y de las estaciones de repostaje de hidrógeno.
El propio Consejo afirma que su texto "logra un equilibrio entre mantener la principal ambición de la propuesta de la Comisión de reducir el impacto climático del sector de los vehículos pesados y permitir a los Estados miembros cierta flexibilidad en la aplicación del reglamento modificado". Al mismo tiempo, debe reforzarse la innovación y la competitividad de la UE en el sector.
Teresa Ribera Rodríguez, vicepresidenta tercera del Gobierno español en funciones y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, comentó así la propuesta del Consejo: "Con el acuerdo de hoy hemos reafirmado nuestro compromiso de alcanzar nuestros ambiciosos objetivos climáticos. Los camiones, autobuses y autocares son una parte importante del transporte por carretera, que afecta a la vida diaria de millones de ciudadanos. Los ciudadanos merecen vivir en un entorno más ecológico y saludable, y ahora estamos un paso más cerca de este objetivo. Al mismo tiempo, estamos garantizando la competitividad de la industria, al clarificar la hoja de ruta de las nuevas inversiones."
"Hoy hemos trabajado por la salud de los ciudadanos europeos y por la protección del clima", declaró la ministra federal alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, al término de las negociaciones en el Consejo de Medio Ambiente de la UE. La decisión acelerará de forma significativa la implantación de la movilidad eléctrica en camiones y autobuses, por lo que supone un paso importante para hacer realidad un sector del transporte neutro en emisiones de CO2 a mediados de siglo.
El siguiente paso será que el Consejo lleve su borrador a negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma final de la legislación. A continuación, el Consejo y el Parlamento deberán adoptar el resultado de las negociaciones.
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